ANTECEDENTES

La descentralización administrativa adelantada por el gobierno nacional, si bien buscaba acercar el tema de gobierno a la comunidad especialmente en lo local, produjo igualmente rupturas sociales al reducir el territorio a lo local (20 localidades) en un determinismo administrativo que redujo la mirada social sobre los territorios, rompió dinámicas sociales de vecindad y de construcción de memorias sobre esos territorios. Ahora bien, esta descentralización administrativa no ha sido acompañada de un real proceso de transferencias de recursos económicos, lo que limita la posibilidad de que los espacios de participación social en lo local queden impedidos de “la posibilidad real de decidir”.

La Constitución del 91 significó el paso de la democracia representativa a la democracia participativa, lo que permitiría una mejor construcción de gobernabilidad, sin embargo los diferentes mecanismos de la democracia participativa quedaron atados a las formas de la democracia representativa, puesto que tanto el Referendo, el Plebiscito, el Cabildo abierto, deben ser aprobados en la lógica representativa, es decir el conteo de votos.

En los últimos años se impulsó en el país y en la región una política neoliberal que acentuó el sectorialismo y el asistencialismo como política social del Estado, a nuestra manera de ver este enfoque ha contribuido a la fragmentación social y a instalar en el imaginario social una noción de estado y de política que desde la marginalidad y la vulnerabilidad no permiten construir un sujeto de derechos y una conciencia sobre la necesidad de la participación política.

Adicionalmente los fenómenos de la violencia, el narcotráfico, el paramilitarismo que han hecho metástasis en las ciudades, constituyen un factor de adversidad en la búsqueda de alternativas sociales y políticas que desde las iniciativas sociales se han venido desarrollando de tiempo atrás.

Así los problemas de la participación social en la construcción de derechos siguen sin resolverse: la gobernabilidad entendida como la legitimidad social construida de gobierno, tiene aun retos por enfrentar: como construir participación con decisión, como romper las apatías sociales determinadas en gran manera por la visión de que la política es corrupta y no sirve para la solución de los acuciantes problemas de carácter crónico que se viven en gran parte del país y en Bogotá especialmente.